El ministerio que aún dirige Miguel Sebastián debe proponer en pocos días a la CNE la revisión de los peajes eléctricos para enero, Si se atiene a la legalidad, esta parte regulada de la factura de la luz debe subir el 25%. Aunque el Gobierno en funciones lo proponga, con el coste político correspondiente, será el de Mariano Rajoy el que apruebe la revisión.
El Ministerio de Industria en funciones tiene en sus manos una patata caliente: hacer la propuesta de revisión de las tarifas de acceso (peajes) que se aplicarán a partir de 1 de enero. La norma exige el dictamen preceptivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), lo que obliga al Gobierno actual a proponer dicha revisión, aunque sea el nuevo Ejecutivo del Partido Popular, que podría constituirse a partir del día 20, el que finalmente la apruebe y la publique en el BOE antes de que acabe este mes.
Según el plazo legal, el equipo de Miguel Sebastián debe enviar al regulador energético una propuesta antes del próximo martes, como fecha límite y ya en trámite de urgencia. Fuentes próximas al ministerio aseguran que ya están en ello y que la CNE ha sido informada de que recibirá en unos días el borrador.
La cuestión es delicada, pues, de atenerse a la normativa y teniendo en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Supremo, los peajes (que son la parte regulada de la factura de la luz y pondera en ella aproximadamente un 50%) deberían subir en torno al 25%.
De esta manera, según los cálculos de Unesa y de la propia Comisión, se compensaría, por un lado, la bajada del 12% que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó en octubre para no enturbiar los malos augurios electorales del PSOE y, por otro, se cumpliría con el déficit de tarifa de 1.500 millones reconocido por ley para 2012, lo que requiere una subida añadida superior al 10%.
El Gobierno bajó los peajes en octubre (con lo que provocó una desviación de 1.600 millones), para compensar la fuerte subida de la energía (que representa la otra mitad de la factura eléctrica) y que determinó la subasta Cesur celebrada a finales de septiembre. Con esa maniobra de ajuste logró congelar en el trimestre la tarifa de último recurso (TUR) a la que tienen derecho los consumidores domésticos.
Industria tiene ahora dos opciones: o proponer una fuerte subida para cumplir con la norma (esta señala que si se superan los déficit anuales permitidos, las cantidades deben ir directamente a la tarifa) o buscar vericuetos no legales que justifiquen una subida menor.
La primera opción es políticamente incorrecta y se volvería en contra de un Gobierno que se ha visto salpicado por otras decisiones polémicas adoptadas estando ya en funciones. Aunque la subida la aprobara el Gobierno de Rajoy, el mensaje es que provenía de una propuesta del Gobierno socialista.
Si opta por no proponerla, "sería una prevaricación", señalan fuentes de las eléctricas. Estas denunciaron ante el Tribunal Supremo la rebaja de los peajes similar a la de octubre, que el Gobierno aprobó en junio del año pasado. La sentencia del alto tribunal considera "ilegal" aquella rebaja, que, como es habitual, se decidió después de conocerse el resultado de la Cesur. Así, hasta hora, las propuestas a la CNE apenas han servido para nada y menos aún los dictámenes del regulador. Una práctica que también pone en cuestión el propio Supremo. Las eléctricas también han recurrido la última revisión tarifaria del mes de octubre.
Fuente: cincodias.com. Imagen extraida también de cincodias.com
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